El problema con que Izquierda Unida se encuentra a la llegada al gobierno andaluz en mayo de este año era inaplazable. Que hubiese trabajadores prejubilados que acumularan más de 20 meses en bastantes casos sin cobrar sus salarios no se podía tolerar desde una fuerza política que tiene su razón de ser en los trabajadores y en las capas populares.
Gracias a la presión de los colectivos en la calle, en una lucha constante y creciente, proporcional a la gravedad del problema, el gobierno andaluz ha encontrado la fórmula que permite el pago de sus prestaciones a un total, de momento, de 1.383 trabajadores, como se ve en el cuadro. Y además es la propia Junta de Andalucía la que asume directamente los pagos, ahorrando el coste absurdo e innecesario de las compañías aseguradoras, unos 8 millones de euros, que se embolsaban por una tarea completamente prescindible, como se acaba de demostrar. La partida asciende a 224,9 millones.
Pero desde luego, y a cada cual es justo reconocer su papel en este complejo asunto, de no haber sido porque Izquierda Unida ha ejercido la presión en el gobierno, el problema, lejos de resolverse, se habría enrocado cada vez más. Es por tanto la suma de la movilización y la acción de Izquierda Unida en el gobierno la que ha sido capaz de encontrar esta salida.
Dentro de Izquierda Unida, ha jugado un papel esencial para la solución de este grave problema el Grupo Parlamentario con su presencia constante en los conflictos y sus iniciativas parlamentarias. Cada parlamentario provincial que ha tenido en su provincia algún colectivo afectado ha combinado la acción institucional y los efectos de la presión sindical para facilitar la solución. Desde luego, merece resaltarse el protagonismo de nuestro parlamentario por Jaén, Juan Serrano, muy comprometido con los trabajadores de Santana, así como Rosalía Martín o, Marina Segura, sólo por citar algunos, aunque ha sido todo el grupo el que se entregó a esta causa que chorreaba sangre en demanda de justicia social.
Y esa presión y acción parlamentaria ha facilitado que, en el seno del gobierno, Diego Valderas convenciera a los socios de que no se podía demorar ni un minuto más el pago de las prestaciones a los colectivos
afectados ahora, que sin ser aún la totalidad, sí permite la fórmula que resuelva a todos los que puedan quedar por atender. Lucha y gobierno. Ganan los trabajadores.
CMF
IU Andalucía.
